La Junta prepara una Ley que creará un impuesto a grandes superficies por su impacto en el entorno natural y territorial

La Junta trabaja en la elaboración de una Ley para la creación de un impuesto que gravará los impactos negativos causados por las grandes superficies comerciales minoristas en el medio ambiente, la ordenación del territorio, infraestructuras públicas y el tejido económico de los núcleos urbanos. Esta será una de las medidas que prepara el Ejecutivo andaluz para paliar los recortes y subidas de impuestos desarrollados por el Gobierno central, según explicó hoy en el Parlamento el consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez.

El consejero, quien detalló que este impuesto ya existe en otras comunidades como Cataluña, Asturias, Aragón o Canarias, tiene una “finalidad extrafiscal”, de forma que la recaudación “se destinará íntegramente a las pequeñas y medianas empresas comerciales”. Por tanto, afirmó que la naturaleza de este instrumento impositivo “responde a criterios justos, solidarios, progresivos y, además, no merma el consumo ni la demanda”.

Durante su comparecencia, Rafael Rodríguez advirtió que la aplicación de las medidas recogidas en el Real Decreto 20/2012, como la subida del IVA o la liberalización de calendarios y horarios comerciales, "afectarán gravemente" al turismo y el comercio, dos sectores que, según recordó, "son estratégicos para la economía andaluza".

En este sentido, rechazó la “funesta” promulgación de la citada norma, porque, a su juicio, “pide aún más esfuerzo a los ya maltratados hogares y familias de este país, porque arroja un jarro de agua fría sobre el sector económico que está amortiguando la crisis, el turismo, y porque pone a caminar a pequeños y medianos comercios sobre una frágil y delgada cuerda floja”.

A su juicio, las medidas liberalizadoras en el sector de la distribución comercial rompen el equilibrio entre trabajadores, grandes empresas, pequeños empresarios y consumidores y “distorsionan la convivencia” de formatos existentes a favor de las grandes superficies en detrimento de las pymes.

En este sentido, recordó que el Real Decreto Ley impone el incremento de las horas de apertura de 72 a 90 horas semanales, y el aumento de aperturas autorizadas en domingos y festivos de entre un máximo de 16 y un mínimo de 10 días, dos más de los consensuados actualmente en Andalucía y recogidos en su Ley de Comercio Interior.

Además, subrayó que la modificación de la legislación actual es “innecesaria” porque en la comunidad andaluza ya está garantizada la libertad horaria para los locales de menos de 300 metros cuadrados, las tiendas de conveniencia, los establecimientos de estaciones y aeropuertos y los establecimientos de los 24 municipios andaluces declarados zonas de gran afluencia turística.

“Si un comercio bajo el régimen de libertad horaria actual no abre es porque no le es rentable, no porque la legislación vigente se lo impida”, puntualizó Rodríguez, quien negó que una mayor número de horas de apertura no incrementa el consumo, sino que “traslada las compras hacia modelos de grandes superficies”, que pueden hacer frente a más costes de contratación “flexibilizando y precarizando sus plantillas sin necesidad de crear nuevos puestos de trabajo”.

Además de suponer la ruptura del modelo de consenso y de los perjuicios para las pymes comerciales de la comunidad, el consejero afirmó que la implantación de la norma estatal “vulnera los principios y fundamentos de nuestro marco competencial autonómico, ya que se lleva a cabo desde el más claro conocimiento de inconstitucionalidad”.

Impacto del IVA

Por otra parte, Rafael Rodríguez expresó su rechazo a la subida del IVA decretada por el Gobierno central porque “se traducirá en un menor consumo, traerá menores ventas e ingresos y, como consecuencia, aumentará el número de personas que perderán sus empleos”.

Concretamente, se refirió a la repercusión negativa del aumento de tipos y del precio en los bienes y servicios turísticos, lo que puede producir “un efecto disuasorio sobre el turista extranjero al encontrarse con precios mayores sin que ello haya supuesto un incremento en la calidad ofertada”, agregó. A su juicio, “Andalucía no se puede permitir este tipo de riesgos en su principal industria económica”.
 

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here